Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, frente a la okupación y la inquiokupación no caben medias tintas y, por ello, ha mantenido una reunión con una plataforma de afectados por esos problemas para prometerles que hará todo cuanto esté en su mano y cuanto sea posible desde las competencias autonómicas para ayudarlos.
La presidenta Ayuso, tras atender a los afectados por la inquiokupación, comentó que ese problema no afecta sólo, como algunos políticos y activistas pretenden hacer ver, a grandes tenedores de viviendas, sino que pone en riesgo la estabilidad de económica de muchas familias y particulares que tienen como fuente única o principal de ingresos el alquiler de uno o varios inmuebles.
«La inquiokupación, como la okupación, es un delito que se ceba con mucha gente inocente, haciéndole un grave daño: ruina, problemas psicológicos, de convivencia…», manifestó Ayuso tras reunirse con los afectados y a través de su perfil en la red social X, para después añadir que la inquiokupación «es un abuso y un atropello al Estado de Derecho, multiplicado por políticos y leyes demagogas e insensatas».
Los representantes de la Plataforma de Afectados por la Ocupación y la Inquiocupación que se reunieron con Ayuso le hicieron entrega a la presidenta madrileña de una camiseta reivindicativa como la que ellos mismos llevaban puesta y en la que podía leerse la frase No somos un bulo, que pretende desmentir a quienes sostienen que okupación e inquiokupación son problemas menores que afectan a muy poca gente o que no son tal y como los presentan los propietarios.
La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha abonado más de 1,3 millones de euros en ayudas a la compensación para arrendadores afectados por la suspensión extraordinaria de los procedimientos de desahucio.
A las ayudas económicas para los afectados se suma el trabajo realizado por el servicio 112 Ocupación de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que comenzó a funcionar en 2022 y que ha recibido ya cerca de 4.000 llamadas. Desde su inicio, 211 ciudadanos madrileños han sido atendidos por este recurso y, en 40 ocasiones, los profesionales responsables han podido evitar la ocupación de una casa o desalojar la misma tras recibir la alerta a través de esta línea.